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Para publicación inmediata: 26 de julio de 2023
Contacto:Ana Pereyra Baron | Associada de Programas apereyrabaron@lawg.org
Organizaciones de la sociedad civil estadounidense apoyan la ayuda a la paz en Colombia
Miércoles, 26 de julio de 2023. Organizaciones de la sociedad civil de EE.UU. –colombiano-estadounidenses, de derechos humanos, religiosas y ambientales–expresan su firme apoyo a la asistencia de EE.UU. para apoyar la paz en Colombia y alientan a la Administración Biden a fortalecer su apoyo y diplomacia para la paz, incluyendo las negociaciones con el ELN, que están avanzando con un acuerdo para iniciar un cese al fuego bilateral en agosto de 2023.
Nuestras organizaciones piden que continúe la ayuda estadounidense para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y apoyar a los afrocolombianos, indígenas y otros grupos vulnerables en Colombia. Lo hacemos en un momento en que la Cámara de Representantes y el Senado están divididos sobre la ayuda de EE.UU. a Colombia, con el líder del subcomité de Asignaciones de Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes anunciando que está “aplazando” toda la ayuda a Colombia, mientras que el subcomité del Senado marcó el 20 de julio de 2023 un paquete robusto para la implementación del acuerdo de paz, los derechos humanos, la lucha contra los estupefacientes, y la ayuda a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas. El jueves 27 de julio, la subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebrará una polémica audiencia sobre Colombia.
Si desea más información, póngase en contacto directamente con cualquiera de las personas citadas a continuación.
“El Gobierno de los Estados Unidos tiene una oportunidad histórica de colaborar con la Administración Petro para avanzar y consolidar la paz en Colombia”, dijo Lisa Haugaard, asociada principal del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG). “La Administración Biden también tiene en Colombia un aliado para marcar muchos de los objetivos que se ha fijado en su política exterior: abordar el cambio climático, proteger el medio ambiente, luchar contra la discriminación racial, apoyar los derechos laborales, ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos, construir una política antinarcóticos sostenible y humana, y apoyar los derechos LGBTQ y de las mujeres. Es francamente contraproducente y carece de sentido que los miembros de la Cámara bloqueen la ayuda y la colaboración con Colombia.” (Contacto: Lisa Haugaard, lisah@lawg.org)
“La conservación efectiva de la Amazonía Colombiana es posible solo con un proceso de paz exitoso y la protección de derechos humanos – especialmente los derechos colectivos y territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales,” dijo Andrew Miller, director de incidencia de Amazon Watch. “Como en toda la región amazónica, el gobierno de los EEUU debe aumentar el apoyo financiero y político para la titulación comunitaria, alternativas económicas de base y los mecanismos de protección para defensores ambientales bajo riesgo. Recientes tendencias hacia abajo en los asesinatos de líderes sociales y en la deforestación en Colombia son alentadoras pero solo se sostendrán con apoyo internacional a la iniciativa de la Paz Total de la administración de Petro.” (Contacto: Andrew Miller andrew@amazonwatch.org)
“Aplazar la ayuda a Colombia es contraproducente para los intereses de EE.UU. y revertiría los éxitos financiados por EE.UU. en el país hacia atrás generando un daño innecesario para muchos”, dijo Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos: “Rompería el fuerte apoyo bipartidista que Colombia, como principal aliado de EE.UU. en la región, ha mantenido durante décadas. El gobierno de Petro, elegido democráticamente, está avanzando en las reformas estructurales y de otras reformas necesarias para abordar los problemas profundos que alimentan el tráfico ilícito de drogas, la violencia y desestabilizan la región. Esto incluye abordar la formalización de títulos de la tierra y aumentar el acceso a la tierra a través de la compra de tierra. Está aplicando las lecciones aprendidas de anteriores procesos fallidos de paz y desmovilización de grupos armados ilegales para intentar desmantelar estos grupos, minimizar las crisis humanitarias, prevenir los desplazamientos y proteger a los civiles. Colombia continúa siendo el país con el enfoque más progresista y basado en los derechos para abordar la crisis humanitaria venezolana a pesar de tener su propio desplazamiento interno. EE.UU. acompaña oficialmente el Capítulo Étnico que atiende integralmente a las poblaciones más vulnerables y previene su integración en nuevos conflictos y actividades ilícitas. Es irresponsable retirar la ayuda que se destina a fortalecer la democracia, la paz, los derechos humanos, las minorías étnicas y las instituciones eficaces como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que ayuda a consolidar el estado de derecho y los derechos humanos en este momento.” (Contacto: Gimena Sanchez gsanchez@wola.org)
“Gustavo Petro tiene sus fallas, pero no ha dañado para nada la democracia colombiana”, dijo Adam Isacson, director de veeduría de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “No ha hecho nada para alterar la separación de poderes. A pesar de algunos comentarios desafortunados, no ha reprimido a la prensa libre. No ha politizado las fuerzas armadas. No está manipulando las elecciones regionales de septiembre. Y su Gobierno está comprometido con la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016. Mientras tanto, varios líderes latinoamericanos están erosionando rápidamente la democracia ahora mismo: el relativo silencio de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre lo que está ocurriendo en El Salvador y Guatemala, por ejemplo, es incoherente y perjudicial. El Comité está enviando el mensaje que Estados Unidos debe oponerse activamente a los gobiernos que los pueblos latinoamericanos eligen a través de elecciones libres y justas, siempre que esos gobiernos no sigan la ortodoxia conservadora. Ese mensaje es tóxico y debería haber desaparecido con la Guerra Fría”. (Contacto: Adam Isacson aisacson@wola.org)
“Es motivo de preocupación que el Congreso de los Estados Unidos esté contemplando actualmente el aplazamiento de los recursos asignados a Colombia, según lo declarado por el presidente del subcomité de Operaciones Extranjeras”, dijo Julio C Idrobo, copresidente del Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington DC. “Esta decisión parece estar basada en percepciones injustificadas y conceptos erróneos que difieren significativamente de la realidad del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro”. Idrobo enfatizó que “Colombia se erige como la democracia más estable de América del Sur, presentando una oportunidad para que Estados Unidos fomente una relación más sólida y lo designe como un punto de referencia para la región. El actual gobierno ha demostrado una dedicación excepcional en el abordaje de los temas de seguridad y el combate a las economías ilegales, particularmente en su efectivo decomiso de sustancias ilícitas, así como en su lucha implacable contra las estructuras financieras del narcotráfico. Además, el nuevo gobierno colombiano ha mostrado un fuerte apoyo a las políticas migratorias en respuesta a la crisis que enfrenta Estados Unidos. El liderazgo y la dedicación del país a la protección del medio ambiente han ganado reconocimiento internacional y deben recibir un fuerte apoyo y mayores inversiones. No extender los recursos necesarios a Colombia no solo plantea desafíos considerables sino que también socava los cimientos de la democracia. Envía un mensaje contradictorio a los gobiernos que defienden los principios democráticos y se asocian para el progreso. Además, esta decisión pasa por alto la fase crítica de la transformación en curso de Colombia desde conflicto a la paz, marcada por la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. (Contacto: Julio C Idrobo, jcidroboi@gmail.com)
“La Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) tiene una larga trayectoria en relación con Colombia, y la Universidad Reformada establecida por la Iglesia Presbiteriana de Colombia florece hoy como una importante iniciativa de paz y da un testimonio fuerte y vital de las palabras y la obra de Jesúscristo”, dijo el Rev. Jimmie Hawkins, director de incidencia de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.). “Esta iglesia nos pidió apoyo para apoyar los derechos humanos, con las comunidades desplazadas y más empobrecidas. Su asamblea ha hecho declaraciones sobre los daños de la guerra, la militarización y las graves consecuencias de no apoyar los caminos hacia la paz y los derechos humanos. En este momento crítico, los Estados Unidos no debe abandonar las cruciales iniciativas de justicia y reconciliación iniciadas por la administración Petro. Debemos seguir contribuyendo a un futuro de paz con justicia e igualdad para Colombia.” (Contacto: Catherine Gordon, catherine.gordon@pcusa.org)
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For Immediate Release: July 26, 2023
Contact:Ana Pereyra Baron | Program Associate apereyrabaron@lawg.org
U.S. Civil Society Organizations Support Aid for Peace in Colombia
Wednesday, July 26, 2023. U.S. civil society organizations–Colombian-American, human rights, faith, and environmental groups–express their strong support for U.S. assistance to support peace in Colombia and encourage the Biden Administration to strengthen its support and diplomacy for peace, including for the ELN negotiations, which are moving ahead with an agreement to start a bilateral ceasefire in August 2023.
Our organizations call for the continuation of U.S. aid to advance peace accord implementation and support Afro-Colombian, Indigenous, and other vulnerable groups in Colombia. We do so at a moment when the House and Senate are divided on U.S. aid to Colombia, with the House chair of the State, Foreign Operations Appropriations subcommittee announcing he is “deferring” all aid to Colombia while the Senate subcommittee marked up on July 20th, 2023 a robust package for peace accord implementation, human rights, counternarcotics, and aid for Afro-Colombian and Indigenous communities and organizations. On Thursday, July 27th, the Western Hemisphere subcommittee of the House Foreign Affairs Committee is hosting a contentious hearing on Colombia.
Please contact any of the people quoted below directly for further comments.
“The U.S. government has a historic opportunity to work with the Petro Administration to advance and consolidate peace in Colombia,” said Lisa Haugaard, senior associate at the Latin America Working Group. “The Biden Administration also has an ally in Colombia to check off many of the goals it has set for itself in its foreign policy: addressing climate change, protecting the environment, fighting racial discrimination, supporting labor rights, aiding Venezuelan migrants and refugees, building a sustainable and humane counternarcotics policy, and supporting LGBTQ and women’s rights. It’s frankly self-defeating and senseless for members of the House to block assistance and collaboration with Colombia.” (Contact: Lisa Haugaard, lisah@lawg.org)
“Effective conservation of the Colombian Amazon is contingent on a successful peace process and protection of human rights – especially the territorial and collective rights of Indigenous peoples and local communities,” said Andrew Miller, advocacy director at Amazon Watch. “As elsewhere around the Amazon region, the U.S. government should expand both financial and political support for community land titling, grassroots economic alternatives and protection mechanisms for local environmental defenders at risk. Recent downward trends in killings of social leaders and deforestation in Colombia are encouraging but will only be sustained with ongoing international support for the Petro Administration’s Total Peace initiative.” (Contact: Andrew Miller andrew@amazonwatch.org)
“Deferring aid to Colombia is counterproductive to U.S. interests and it would reverse the U.S. funded successes in the country backwards generating unnecessary harm to many,” said Gimena Sanchez-Garzoli, director for the Andes at the Washington Office on Latin America: “It would break the strong bipartisan support that Colombia as the U.S.’s main ally in the region has sustained for decades. The democratically elected Petro government is advancing structural and other reforms required to address the deep-seated issues that fuel the illicit drug trade and violence and destabilize the region. This includes formalizing land titles and expanding access to land through land purchases. It is applying lessons learned from past failed peace and demobilization of illegal armed groups processes to attempt to dismantle illegal armed groups, minimize humanitarian crises, prevent displacement and protect civilians. Colombia continues to be the country with the most progressive and rights-based approach to addressing the Venezuelan humanitarian crisis despite having its own internal displacement. The U.S. government officially accompanies the Ethnic Chapter which integrally addresses the most vulnerable populations and prevents their integration into further conflict and illicit activities. It is irresponsible to withdraw aid that goes to strengthen democracy, peace, human rights, ethnic minorities and effective institutions like the United Nations High Commissioner for Human Rights Office that helps consolidate the rule of law and rights at this time.” (Contact: Gimena Sanchez gsanchez@wola.org)
“Gustavo Petro has his flaws, but he hasn’t harmed Colombia’s democracy at all,” said Adam Isacson, director for defense oversight of the Washington Office on Latin America. “He has done nothing to alter separation of powers. Despite some unfortunate comments, he has not cracked down on the free press. He hasn’t politicized the armed forces. He’s not tampering with this September’s local elections. And his government is committed to implementing the landmark 2016 peace accord. Meanwhile, several Latin American leaders are rapidly eroding democracy right now: the Foreign Affairs Committee’s relative silence about what’s happening in El Salvador and Guatemala, for example, is inconsistent and harmful. The Committee is sending the message that the United States should actively oppose governments that Latin American people choose through free and fair elections, whenever those governments fail to follow conservative orthodoxy. That message is toxic and should have gone away with the Cold War.” (Contact: Adam Isacson aisacson@wola.org)
“We’re concerned that the US House of Representatives is contemplating deferring resources allocated to Colombia, as declared by the chair of the Foreign Operations subcommittee,” said Julio C. Idrobo, co-chair of the Colombia Human Rights Committee in Washington DC. “This decision is based on unjustified perceptions and misconceptions that diverge significantly from the reality of the new government under President Gustavo Petro.” Idrobo affirmed, “Colombia stands as the most stable democracy in South America, presenting an opportunity for the United States to foster a stronger relationship and designate it as a reference point for the region. The current government has demonstrated exceptional dedication in addressing security issues and combating illegal economies, particularly in its effective seizure of illicit substances, as well as its relentless fight against the financial structures of drug trafficking. Furthermore, the new Colombian government has shown robust support for immigration policies in response to the crisis faced by the United States. The country’s leadership and dedication to environmental protection have garnered international recognition and should be met with strong support and increased investments. Failing to extend the necessary resources to Colombia not only poses considerable challenges but also undermines the foundations of democracy. It sends a conflicting message to governments that uphold democratic principles and partner for progress. This decision overlooks the critical phase of Colombia’s ongoing transformation from conflict to peace, marked by the implementation of peace agreements signed in 2016.” (Contact: Julio C Idrobo, jcidroboi@gmail.com).
“The Presbyterian Church (U.S.A.) has a longstanding relationship with Colombia, and the Reformed University established by the Presbyterian Church of Colombia flourishes today as an important peace initiative and gives strong and vital witness to the words and work of Jesus Christ,” said Rev. Jimmie Hawkins, director of advocacy, Presbyterian Church (U.S.A.). “ This church has called on us for support in supporting human rights and with the displaced and most impoverished communities. Its assembly has made declarations about the damages from war and militarization and the grave consequences of not supporting the pathways to peace and human rights. At this critical moment, the United States must not abandon the crucial initiatives of justice and reconciliation begun by the Petro administration. We must continue to contribute to a future of peace with justice and equality for Colombia.” (Contact: Catherine Gordon, catherine.gordon@pcusa.org)
